El Gobierno propuso a Lijo y García-Mansilla para renovar la Corte Suprema de Justicia

El gobierno de Javier Milei nominó a Manuel García-Mansilla y a Ariel Lijo como sus candidatos a renovar la Corte Suprema de la Nación. El primero es propuesto para reemplazar a Juan Carlos Maqueda, quien está próximo a cumplir la edad límite para ejercer el cargo (75 años). Mientras que el segundo es para ocupar el lugar vacante que quedó por la jubilación de Elena Highton de Nolasco.

García-Mansilla es un abogado especializado en derecho constitucional y se desempeña como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Mientras que Lijo es juez federal y uno de los eslabones clave del lawfare. Con estos nombres, en Presidencia aseguraron que pretenden "una Justicia que defienda los valores de la vida, la libertad y la propiedad".

Mediante un comunicado de prensa publicado por la Oficina del Presidente, la administración libertaria notificó que Milei, "cumpliendo su mandato constitucional, y de acuerdo con la modificación del Decreto 222/2003 que será publicada en las próximas horas, ha tomado la determinación de nominar al Dr. Manuel García-Mansilla para reemplazar al actual juez de la Corte Suprema de la Nación Juan Carlos Maqueda, quien cumple 75 años el próximo 29 de diciembre y deberá en esa fecha dejar su cargo, como establece la ley".

"El Poder Ejecutivo expresa su gratitud por la distinguida labor del Dr. Maqueda y resalta su extensa trayectoria en los tres poderes del Estado Nacional y en la Provincia de Córdoba. En particular, se le agradece y reconoce su valiosa participación como Juez de la Corte Suprema de Justicia durante veinte años", destacó el comunicado oficial.

A su vez, con la finalidad de ocupar la vacante dejada en la Corte por Highton de Nolasco tras su salida el 1 de noviembre del año 2021, el jefe de Estado resolvió nominar a Lijo. Ambas nominaciones permitirán reestablecer el número de ministros del máximo tribunal de Justicia a cinco miembros.

El Gobierno además deberá modificar el decreto 222/2003 para habilitar postular un candidato antes que exista formalmente una vacante en la Corte Suprema por el caso de Maqueda. Los pliegos de los nuevos jueces deberán ser votados por los dos tercios del Senado.

Quiénes son y cómo piensan Mansilla y Lijo

García-Mansilla (nacido en Río Negro) es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral desde 2019. Es un abogado especializado en derecho constitucional. Cree que la ley de interrupción del embarazo es inconstitucional. También cuestionó "el marcado tinte anticlerical" de quienes impulsaron la legalización del aborto. Y apoya la dolarización. 

Sobre el aborto, explicó: "La defensa de la vida humana a partir de la concepción no depende de una creencia religiosa, sino que se basa en evidencia empírica y científica. El desarrollo de ese embrión no puede dar nunca como resultado una planta, un mosquito o un camello. Solamente un ser humano", afirmó Mansilla en un artículo para la revista del Colegio de Abogados.  

"En este trabajo utilizaré la palabra 'niño' y no 'embrión' o 'feto' por que es la designación correcta desde el punto de vista constitucional. " La perspectiva con la que analizaré el Proyecto de Ley se limita estrictamente a contrastar su contenido con nuestro sistema (...) el Proyecto ¿no supera siquiera un test elemental de constitucionalidad", escribió.

García-Mansilla se recibió de abogado en 1996 en la Universidad del Salvador y desde entonces ejercer la profesión de abogado. Lo hizo en alguno de los estudios más importantes del país como “Marval, O’Farrell y Mairal” y “Liendo & Asociados”. También desde 2014 es director ejecutivo de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos.

El año pasado, García Mansilla criticó la postura de Horacio Rosatti y denunció un intento de apropiación de la Constitución, con fines estrictamente políticos y no fundados en el derecho. Dijo que "la dolarización es compatible con los parámetros que establece la Constitución Nacional".

Por su parte, Ariel Lijo (55 años, nacido en provincia de Buenos Aires) es titular del juzgado federal 4 de Comodoro Py desde 2004 cuando asumió durante el gobierno de Néstor Kirchner. Fue un engranaje clave del lawfare. Fue protagonista en el caso Ciccone. Allí procesó y envió a juicio oral al ex vicepresidente Amado Boudou, a quien también detuvo en noviembre de 2017.

Se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires e hizo su carrera en el Poder Judicial, donde llegó a ser secretario de la Cámara Federal. Antes pasó por la Fiscalía de la Cámara del Crimen y por la Defensoría General de la Nación. También investigó a Mauricio Macri por el negociado del Correo Argentino. Por las vacantes de jueces que hay en Comodoro Py, Lijo también tiene hoy a su cargo los juzgados 6 -donde está la causa por el atentado a la AMIA- y el 12.

En 2020, Lijo condenó a 6 meses de prisión a Martín Sabbatella por abuso de autoridad en la aplicación de la Ley de Medios durante el segundo mandato de Cristina Kirchner. La resolución incluyó la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un año