Fiscal de Estado sobre la carta documento de los antivacunas: "Hacen el ridículo"

El fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes calificó de «absurda» la denuncia que un grupo de antivacunas hizo contra el gobierno provincial por la implementación del pase sanitario en Entre Ríos.

En comunicación con el programa de Radio Ciudadana, Tarea Fina, el funcionario aseguró que «estas personas hacen el ridículo porque la denuncia es absurda y toda la medida es perfectamente constitucional».

Esta semana se conoció que una intimación por carta documento llegó al gobierno de Gustavo Bordet pidiéndole que suspenda la decisión de pedir el Pase Sanitario en Entre Ríos. Según informó, está firmada por un abogado de Concordia de apellido Román y es la primera que se recibe.

A propósito, Rodríguez Signes recordó que con el pase sanitario «lo que se impide es concurrir a eventos si no tienen las dosis de vacunas según el cronograma, no se les está impidiendo el ejercicio de un derecho esencial – el derecho es de acuerdo a las leyes que reglamentan ese derecho. En este caso, el gobierno tiene el ejercicio del poder de policía sanitario. Es perfectamente constitucional la medida», afirmó.

En ese sentido, ejemplificó con las medidas que también se decidieron durante la etapa más dura de la pandemia: las cuarentenas del 2020. «Si se pudieron restringir las libertades de circulación, cómo no vamos a poder restringir el ingreso al Carnaval si no se está vacunado», dijo.

Antivacunas en el Carnaval de Concordia

Con respecto a la posibilidad de que un grupo antivacunas se presente con un abogado en el ingreso a la primera noche del Carnaval de Concordia, dijo que «son intimaciones que no tienen ningún sentido, salvo que vaya con una medida cautelar de un juez que diga que puede entrar sin el pase sanitario, pero hasta ahora no hay antecedentes en ese sentido» aclaró.

Rodríguez Signes también valoró la denuncia que realizó el Ministerio de Salud de la provincia contra un grupo de personas que irrumpió e interrumpió un operativo de vacunación en Crespo. Dijo que el accionar de la provincia «es más un mensaje de advertencia, el inicio de causa judicial, y que eso frene otras conductas futuras».