Donald Trump removió ayer del cargo a la fiscal general interina del país, Sally Yates, quien ordenó a su equipo a no defender el polémico decreto del presidente que impide el ingreso a los Estados Unidos de refugiados y ciudadanos de siete países musulmanes.
Yates detonó una verdadera crisis institucional al enviar una carta a su equipo con serias dudas sobre la legalidad y la moralidad del decreto firmado por Trump el viernes.
"No estoy convencida de que el decreto sea legal", escribió Yates en el mensaje a sus subordinados, en un abierto desafío al presidente.
Yates conducía los destinos del Departamento de Justicia desde la renuncia la ex secretaria Loretta Lynch, y debía permanecer en el cargo hasta que el Senado confirme la nominación del legislador Jeff Sessions para encabezar la cartera.
Al final de la jornada, la Casa Blanca anunció el despido sumario de Yates y el nombramiento del Fiscal General del Distrito Oriental de Virginia, Dana Boente, para ocupar el cargo interinamente hasta la confirmación de Sessions.
La Casa Blanca afirmó que Yates "traicionó al Departamento de Justicia al negarse a aplicar una directiva legal diseñada para proteger a los ciudadanos de Estados Unidos".
En una frase que recuerda la retórica personal del presidente, la nota apuntó que Yates "fue nominada por el gobierno de Obama, y es débil sobre fronteras y muy débil sobre inmigración ilegal".
El abierto desafío lanzado por Yates y su despido constituye el último capítulo de la espectacular polémica abierta por el decreto promulgado por Trump el viernes, y que ya el fin de semana se convirtió en una controversia de alcance global, publica La Nación.
De acuerdo con Trump, el secretario de Seguridad Interior, John Kelly, "dijo que todo está bien y con muy pocos problemas. íHagamos que Estados Unidos sea seguro de nuevo!".
En otro mensaje, señaló que la implementación de controles más estrictos para permitir la entrada a refugiados "fue parte importante de mi campaña. ¡Estudien el mundo!". "¡Hay muchos tipos malos por todos lados!", advirtió.
El decreto de Trump suspende por 120 días el ingreso de refugiados (para los refugiados provenientes de Siria el plazo es indefinido) y por 90 días para ciudadanos de Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.
En el Congreso, la nominación de Sessions (partidario de aplicar 'mano dura' contra inmigrantes ilegales) deberá ser votada el martes en la Comisión de Justicia del Senado, antes de ir al plenario de esa cámara.
Pero influyentes legisladores del propio partido de Trump ya expresaron su frontal rechazo al decreto y la forma en que la Casa Blanca trató la cuestión.
En medio del caos, el gobierno fue blanco de múltiples demandas en la justicia para anular los efectos del polémico decreto. Hasta ahora, fiscales generales de 16 Estados ya manifestaron dudas sobre la constitucionalidad de la medida.
Trump decidió adelantar para hoy el anuncio de su nominado para ocupar una vacante en la Suprema Corte de Justicia. Originalmente ese anuncio estaba previsto para el jueves.
La máxima instancia judicial del país está bloqueada desde la muerte del juez conservador Antonin Scalia en febrero del año pasado. Desde entonces funciona con ocho magistrados: cuatro conservadores y cuatro progresistas.
El expresidente demócrata Barack Obama propuso como sustituto al juez Merrick Garland, pero el Senado, controlado enteramente por el conservador partido Republicano, se negó a realizar audiencias de confirmación del cargo en un año electoral.
La Corte Suprema es la que en última instancia interpreta la Constitución y debe tomar decisiones respecto a temas muy sensibles sobre los que pesa la ideología, como el aborto, el matrimonio homosexual y la posesión de armas.
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