Poco para algunos, demasiado para otros, la jornada de huelgas y manifestaciones que se llevó a cabo en Francia convocadas por los sindicatos CGT, FO, Solidaires, la FSU y las organizaciones juveniles FIDL, MNL, UNEF y la Vie lycéenne citó en las calles a más de 300 mil personas según la CGT y a 100 mil según fuentes del Ministerio de Interior. Las diferencias entre las dos cifras (CGT y Ministerio) son toda una especialidad francesa cada vez que hay protestas. Las prefecturas las bajan, los sindicatos las suben.
Este movimiento social aún tímido se desplegó en más de 150 puntos del país al mismo tiempo que la huelga que paraliza la distribución de combustible en las refinerías de la petrolera TotalEnergies desde haca más de dos semanas seguía perturbando el abastecimiento del país, en particular en las grandes ciudades y su entorno.
Balance del paro y la movilización
Los sindicatos proclaman victoria y el gobierno, aunque bajo mucha presión, respira con cierto alivio porque evitó, al menos en las calles, el aluvión social que conoció en las dos crisis precedentes: la de los chalecos amarillos en 2018 y 2019, y las protestas contra la aún congelada reforma del sistema de jubilaciones a finales de 2019.
Esta vez, la gente salió a las calles para exigir una mejora salarial global y, también, para defender el derecho a la huelga cuya integridad quedó amenazada por las recientes requisiciones de los trabajadores en las refinerías que estaban en paro. Este martes, las huelgas convocadas por los sindicatos fueron diversamente seguidas (23% en la educación nacional) y la real perturbación en los transportes públicos solo se notó en los trenes. Las huelgas trastornaron la jornada, pero no colapsaron al país.
Izquierda y sindicatos reclaman lo mismo, pero por separado
La huelga y las manifestaciones sindicales se producen dos días después de que la alianza de izquierda NUPES (Nueva Unión Popular Ecologista y Social) manifestara el pasado domingo “contra la vida cara” con cierto éxito. Ambos, izquierda y sindicatos, reclaman lo mismo, pero van por separado. Con la gente en la calle y casi una crisis institucional en la Asamblea Nacional tanto por falta de una mayoría absoluta (no la consiguió en las elecciones legislativas de este año) como por desaciertos en el seno del grupo de diputados presidenciales, el Ejecutivo de la Primera Ministra Elisabeth Borne está en aprietos por ambos lados sin, pese a todo, estar amenazado de asfixia. Ello, sin embargo, no le permite aprobar por un voto la primera parte del proyecto de presupuesto para 2023 y, por consiguiente, obliga al gobierno a un aprobación por decreto con el muy criticado artículo constitucional 49.3.
La indecencia de las ganancias de las grandes empresas y el no menos indecente reparto de los beneficios entre los accionarios al mismo tiempo que las empresas como TotalEnergies rehúsan aumentar los salarios a su personal fue uno de los temas que más movilizó a los ciudadanos. ”Hartos de lo mismo, de la falta de plata para llegar a fin del mes y, ahora, con la inflación es peor, el patronato que tenemos aumenta los precios como le da la gana y mira hacia otro lado y no se ocupa del bolsillo de sus empleados”, decía Serge mientras mantenía una de las puntas de una banderola que interpelaba al Ministro francés de Economía: ”Bruno Le Maire, queremos tu salario”. Agnés, una jubilada que acompañaba a sus dos hijos (ambos empleados en la compañía de ferrocarriles SNCF), explicaba a PaginaI12: ”todo sube, menos los salarios. ¿ Esta gente de arriba se piensa acaso que nos vamos aquedar mirando nuestra pobreza como si fuera una serie de televisión ?”.
El congelamiento de los salarios, la inflación desmedida, el aumento del precio de la energía y las perspectivas de las futuras reformas de la seguridad social y de las jubilaciones que prepara el gobierno van, poco a poco, armando un caldo social que podría hervir con mucha más fuerza en el curso del invierno (diciembre a marzo). A su vez, en la Asamblea Nacional, la izquierda protagoniza una verdadera guerra de guerrillas contra el gobierno. Lo última a no gobernar por decreto y lo aprieta para que restablezca el impuesto a las grandes fortunas que el presidente Emmanuel Macron sacó apenas fue electo en 2017, lo que le valió en aquel entonces el apodo “el presidente de los ricos”.
El sacudón social del martes marca a su vez una suerte de retorno a las protestas francesas luego del extenso letargo social en el que la población quedó atrapada en 2020 y 2021 a raíz de la pandemia. Es preciso recordar que el Ministro francés de Economía puso sobre la mesa 170 mil millones de euros en ayudas públicas para atenuar los estragos de la pandemia y luego, en 2022, cuando estalló la guerra en Ucrania y los precios de la energía se dispararon, Bruno Le Maire agregó 47 mil millones de euros más para apaciguar el impacto inflacionario que golpea a la gente. ”Yo, esas ayudas no las vi. A mí me cuesta mucha más plata que antes comprar los productos de primera necesidad, pero nuestro patrón de la empresa en la que trabajo (TotalEnergies) se aumentó el salario en un 52% y a nosotros nos niega un aumento del 10%. No lo vamos a permitir. No quiero ayudas del Estado. Exijo un salario digno” decía Mathilde, una empleada de TotalEnergies de 56 años. “Tienen miedo de que sus amos se enojen, por eso no indexan los salarios con la inflación como ocurrió en los años 80”, explicaba en Antoine Duprès, un empleado de la empresa del Metro y los autobuses.
Este martes en París había, antes que una verdadera bronca social, un claro resentimiento y la sensación de no entender por qué, con una situación tan complicada, “el gobierno sigue apostando por ayudar a los ricos y no a quienes lo necesitan”, según clamaba Gerald, un jubilado bancario de 75 años para quien “lo que vemos ahora es sólo un poquito de lo que vendrá”. Sociedad, izquierda, sindicatos y gobierno están midiendo sus fuerzas y sus convicciones para las batallas futuras.
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