El Gobierno comenzó a dar los primeros pasos en procura de alcanzar un punto de distensión con los maestros. Y ayer no descartaba presentar una oferta de aumento salarial para el segundo semestre, que no sólo llegará a los docentes, sino a todos los trabajadores del Estado.

La idea es que antes de que concluya la conciliación obligatoria con la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), el próximo 4 de agosto, se dé a conocer una oferta de aumento salarial. Si bien el índice de aumento aún no ha trascendido, se indicó que habrá una oferta salarial para el segundo semestre. Primero, dicen que habrá que aguardar que los maestros terminen de cobrar el último aumento, del 23%, que llevó el mínimo de bolsillo a 1.840 pesos. Ello ocurrirá a principios de agosto, con los haberes de julio.

“Ellos decidieron ir al paro, pero las instancias de negociación están vigentes. Pero pedimos que no nos planteen una propuesta de hoy para mañana. Pedimos al menos una tregua de 20 días”, señalaron desde el gobierno.

Una eventual oferta salarial merecerá un análisis detenido de los funcionarios –sólo el sector docente demanda al mes unos 150 millones de pesos– y una proyección de ingreso de mayores recursos. De igual modo, los sondeos están hechos y “probablemente” antes de que concluya la conciliación con ATE habrá novedades, según la fuente consultada por El Diario.

Ordenan los descuentos

El gobierno dio forma oficial al anuncio hecho el jueves respecto a la decisión de descontar de los salarios cada día no trabajado por los docentes por adhesión a las huelgas dispuestas.

Entre lunes y martes, se cumplió un paro de 48 horas dispuesto, en forma conjunta, por la Asociación Gremial del magisterio de Entre Ríos (Agmer) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), que así desoyeron la conciliación obligatoria dictada por la Dirección Provincial de Trabajo, y las sucesivas intimaciones hechas por el organismo que conduce Oscar Balla. La decisión está contenida en la resolución Nº 2.237 del Consejo General de Educación (CGE), firmada el 23 del actual y publicada el lunes en el Boletín Oficial. La directiva instruyó “que a los docentes adheridos a la medida de fuerza dispuesta por las asociaciones gremiales, se les abone el haber a liquidar remunerándose los días efectivamente trabajados”, conforme lo dispuesto mediante el decreto Nº 4.940 del 21 de agosto de 2008. Del mismo modo, la norma establece que la comunicación de los docentes que no concurran a dictar clases se regirá conforme lo establece la resolución Nº 2565”, que dejó en manos de los directivos la obligación de elevar a las autoridades un parte diario sobre el número de docentes que no concurren a trabajar. En los fundamentos, la norma establece que “el acceso a la educación es un derecho reconocido a todos los habitantes de la Nación”, y que si bien “esta Administración no desconoce el derecho de huelga, es un deber irrenunciable del Gobierno Provincial que las tratativas salariales o aquellas referidas a las condiciones económicas de la prestación laboral reconocen un marco legal de consenso previsto por la Ley Nº 9.624 (que creó la paritaria docente)”. Pero además, fijó que “la remuneración consiste en la contraprestación de un servicio laboral”, y que “de verificarse la no prestación del mismo corresponde no abonar remuneraciones por el tiempo en que los servicios han dejado de prestarse y en proporción al tiempo de la retención efectuada”.