Con apoyo de Massa y Bossio, el régimen público privado ya tiene media sanción

El proyecto para establecer un régimen de contrataciones público privadas para la obra pública dio ayer un paso clave en la Cámara de Diputados, adonde fue aprobado por 151 votos a favor, 79 en contra y seis abstenciones. El oficialismo sumó los respaldos del Frente Renovador (FR) de Sergio Massa y del bloque Justicialista de Diego Bossio, para lo que aceptó hacerle numerosas modificaciones al texto. Ahora, la iniciativa volverá al Senado, que deberá evaluar si ratifica esos cambios. Votaron en contra el PJ-FpV, la izquierda y Stolbizer.

En contra de la iniciativa votaron el PJ-Frente para la Victoria (PJ-FpV) y sus aliados, Proyecto Sur, el Partido Socialista, el Frente de Izquierda, Libres del Sur, y la diputada Margarita Stolbizer, del GEN. Mientras que las abstenciones fueron de uno de los titulares de la CGT y diputado del massismo, Héctor Daer; del chubutense Jorge Taboada; de dos integrantes del PJ-FpV de San Juan, Sandra Castro y Héctor Tomas; y del sindicalista y diputado del FR Facundo Moyano, quien originalmente había dicho que votaría en contra. "Parten de la aceptación de la incapacidad del Estado para contratar, y entonces es así como se decide privatizar", alertó Stolbizer.

El proyecto contempla la posibilidad de asociaciones entre empresas privadas y el Estado para la realización de obras de infraestructura, vivienda, servicios, inversión productiva e investigación aplicada, entre otros. Entre los cambios a la sanción que había dado el Senado hace dos meses se destacan la cláusula para que el 33% de componente nacional que deberán tener los bienes y servicios de los contratos bajo este régimen.

También, que para 2017 quede establecido un tope del 5% del presupuesto para estos y que en los años siguientes esas partidas deban precisarse en la Ley de Presupuesto. Para el seguimiento de esos fondos, se agregó la creación de una comisión bicameral de control. Además, se incluyó la participación de universidades nacionales en las instancias técnicas de resolución de conflictos, y se estableció que el riesgo de los emprendimientos debe procurar ser repartido en forma equitativa entre el Estado y los privados.

"En muchos países y en la región se ha utilizado este mecanismo. Brasil, Chile, Colombia lo han usado y han avanzado mucho", defendió la idea el macrista Daniel Lipovetzky. En la vereda de en frente, el ex ministro de Economía y diputado del PJ-Frente para la Victoria (PJ-FpV), Axel Kicillof, advirtió que en los países que optaron por este sistema "hubo muchos casos de corrupción" y denunció que, con este proyecto, el Gobierno está "tercerizando o privatizando el proceso de la obra pública en el país".

Para su colega de bloque Guillermo Carmona, la iniciativa consagra "la extranjerización de la obra pública". Se refirió al artículo 25, que habilita a establecer tribunales extranjeros como instancia de resolución de conflictos en estos contratos. Un punto en el que coincidieron varios legisladores. Desde el macrista Eduardo Conesa, que advirtió que la prórroga de jurisdicción "está prohibida por la Constitución", hasta Graciela Cousinet, de Libres del Sur. "Sin la menor duda, es una entrega de soberanía nacional", definió la diputada.

Por pedido del jefe del bloque del PJ-FpV, Héctor Recalde, ese artículo se votó de manera nominal. Y a pesar de que había cosechado 151 votos en general, para el punto 25 Cambiemos sumó menos apoyos: 137. Los 14 votos que perdió entre una instancia y otra fueron de los puntanos de Compromiso Federal, el bloque de Darío Giustozzi, los misioneros, los tucumanos y el porteño Julio Raffo.

ElCronista